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Boletín de prensa 3 de octubre de 2011
EL TIEMPO
MARCO LEGAL PARA LA PAZ PERMITE PENAS ALTERNATIVAS PARA UNIFORMADOS
El proyecto que respalda el presidente Santos, abre la puerta a penas alternativas para uniformados.
Que los miembros de la Fuerza Pública tengan acceso a justicia transicional en el marco del conflicto armado es un tema que por primera vez en Colombia llega al Congreso, y desde ya desató una fuerte polémica en diferentes sectores.
El proyecto de reforma constitucional denominado marco legal para la paz, que tiene el visto bueno del presidente Juan Manuel Santos y que comienza mañana en la Comisión Primera de la Cámara el primero de ocho debates que requiere, contiene esa posibilidad.
Lo que se busca con esta iniciativa es que el Gobierno tenga herramientas jurídicas que faciliten desmovilizaciones masivas e incluso les da la posibilidad de participar en política a miembros de grupos armados ilegales que entablen futuros procesos de paz con el Estado.
Pero, el tema que desde ya calentó el debate por sus alcances es el acceso de miembros de las Fuerzas Militares a una justicia transicional.
Esto les permitiría pagar penas alternativas a los miembros de la Fuerza Pública que cometan delitos en el marco del conflicto armado, que, a propósito, será reconocido por primera vez en la Constitución Política.
Carlos Edward Osorio, representante de 'la U' y único ponente del proyecto en el primer debate, dijo que es importante que se reconozca que los uniformados son un actor del conflicto armado que deben tener acceso a penas alternativas, pero con un tratamiento jurídico diferenciado del que en un eventual proceso de paz se les dé a miembros de grupos armados ilegales.
El congresista explicó que a todos "no se les puede dar igual tratamiento, porque no es lo mismo que una persona contravenga la ley siendo un agente del Estado, que una que no lo es".
"Los uniformados son parte del problema y, por lo tanto, de la solución; por eso se dice en la norma que se cobija a todos los actores del conflicto armado interno, sin excepción", agregó Osorio.
Por su parte, Guillermo Rivera, representante liberal, catalogó como "contradictoria" la intención de que los uniformados tengan acceso a justicia transicional.
"No me parece adecuado que se quiera establecer una justicia transicional para la Fuerza Pública, puesto que está actuando bajo los preceptos del orden constitucional y no pueden hacer la transición a un régimen al que tienen que estar respetando", precisó el representante Rivera.
Los alcances del proyecto
De autoría del senador Roy Barreras, el proyecto consta de solo tres puntos, contando el de su vigencia.
Y es en el primero -que incluye un artículo transitorio en la Constitución- con el que se abre el camino por primera vez en el país a la justicia transicional para los uniformados.
"Los instrumentos de justicia transicional tendrán como finalidad prevalente facilitar la terminación del conflicto armado interno y el logro de la paz estable y duradera, garantizando la seguridad de todos los colombianos. Estos instrumentos podrán autorizar un tratamiento diferenciado para cada una de las distintas partes que hayan participado en las hostilidades, y serán temporales y excepcionales. El Gobierno aplicará estrategias integrales para proteger los derechos de las víctimas", dice el artículo.
De ser aprobado, este acto legislativo debe ser desarrollado por una ley que demarque sus alcances.
Uno de los aspectos que han generado mayores dudas tiene que ver con que aún no hay claridad sobre si se les otorgarían beneficios judiciales a los militares involucrados en el escándalo de los 'falsos positivos'.
Precisamente, en el Congreso este punto ha despertado gran polémica. El representante Guillermo Rivera catalogó esa posibilidad como "gravísima".
"Uno pensaría que es lo que precisamente se quiere, que los involucrados en los falsos positivos puedan acceder a justicia transicional, lo cual me parece gravísimo si se llega a dar", puntualizó Rivera.
Se aplicaría para procesos de paz
De ser aprobada la iniciativa, se teme que en un eventual proceso de paz haya resistencia de la Fuerza Pública al ver que los miembros de las guerrillas reciben asistencia del Estado u ocupan cargos públicos, mientras hay uniformados pagando altas condenas por delitos cometidos en confrontaciones armadas. Por eso, se busca que los militares puedan acceder a penas alternativas, dijo el representante Osorio.
Juristas advierten que esa medida sería aplicar una autoamnistía
El Tratado de Roma, que le dio vida a la Corte Penal Internacional, admitió que en algunos casos se den amnistías para ciertos crímenes, pero prohibió explícitamente las autoamnistías.
Juristas consultados por EL TIEMPO catalogaron como una autoamnistía que los uniformados tengan acceso a justicia transicional en el marco de un eventual proceso de paz.
El ex presidente de la Corte Constitucional, Alfredo Beltrán, aseguró que el Estado no está facultado para darles tratamiento judicial alternativo a sus propios agentes.
"El Estado no puede amnistiar ni darles tratamiento propio de una justicia transicional a sus agentes, quienes están llamados a garantizar los derechos de los ciudadanos y no a violarlos", afirmó.
El ex comandante de las Fuerzas Militares, general (r.) Harold Bedoya, dijo que los miembros de la Fuerza Pública son formados para aceptar responsabilidades cuando cometen algún delito, por lo que consideró que no se les debería juzgar con los preceptos de la justicia transicional.
"No me parece que sea lo más conveniente, porque al militar se le forma para que cuando cometa faltas o delitos responda por ellos y acepte las consecuencias de su conducta", aseguró Bedoya.
Pero el general (r.) Néstor Ramírez, quien fue segundo comandante del Ejército, considera que si un uniformado comente un delito por "ignorancia invencible" se debería castigar con penas alternativas; pero si lo hace vulnerando los principios militares, le debe caer todo el peso de la ley. "Si han cometido crímenes por razones ideológicas o ignorancia invencible deben pagar una pena y estaría de acuerdo con que sea alternativa, porque no es posible que un criminal pague 8 años por 2 mil asesinatos y un militar por un crimen pague 45", dijo.
Derechos políticos
El Gobierno tendrá la facultad de otorgarlos
La Ley de Justicia y Paz implementó un marco de justicia transicional para la desmovilización de las Auc y la Corte Constitucional, al estudiar la norma en el 2006, cerró la puerta a la aplicación del delito político para su accionar. El proyecto de marco legal para la paz plantea que, si el Gobierno lo determina y el Congreso lo avala, los miembros de grupos armados ilegales que dejen las armas podrían participar en política. Pero, voces alertan que vía tutela los 'paras' podrían pedir igualdad de derechos y reclamar esa posibilidad.
'MÁS POLÍTICOS HICIERON NEXOS CON 'PARAS' QUE CON 'FARC': MAGISTRADO
Magistrado Alfredo Gómez dice que Uribe chocó con una institución sólida que no bajó la cabeza.
Después de ocho años de en la Sala Penal de la Corte Suprema, y más de 30 como juez, el magistrado Alfredo Gómez Quintero considera que aún le quedan muchos años para seguir ejerciendo el derecho. Pero esta vez, al otro lado del estrado como litigante.
Su proyecto ahora es asociarse con sus hijos, que también son abogados, y montar con ellos un bufete. Atrás queda un periodo de muchas satisfacciones en lo personal pero también de bastantes sobresaltos.
El magistrado Gómez Quintero fue protagonista de excepción de una de las mayores crisis institucionales que tuvo el país en los últimos años. En diálogo con EL TIEMPO relata como fue el enfrentamiento del tribunal del que hizo parte con la administración del presidente Álvaro Uribe.
También se refiere al caso de las chuzadas del DAS, de las que fue víctima, y describe la magnitud de procesos como el de la parapolítica, que califica como el mayor caso de corrupción en el país y asegura que no se ha acabado.
¿Cómo cataloga la Corte a la que le dedicó ocho años de su carrera como
juez?
Es una Corte vertical que le ha dado al país ejemplo de fortaleza, de compromiso, de amor por su función y se ha mantenido fiel al juramento de acatar la Constitución y la Ley.
¿Siente frustración por no haber ejercido la presidencia de la Corte?
Mirando las cosas, he llegado a la conclusión de que de algo me salvó el destino. Lo debo confesar, de presidente hubiera enfrentado las crisis que tuvimos de manera muy distinta. No con el guante de seda con que lo manejaron los presidentes de la corporación en su momento, les resalto eso. Seguramente hubiese comprometido más a la Corte.
¿Cuál fue el detonante que llevó a ese enfrentamiento con el presidente Álvaro Uribe?
Es muy triste y muy doloroso que a una institución como la Corte Suprema la traten de ser el último reducto de la guerrilla, de actuar de forma sesgada, con fines políticos en el sentido más peyorativo... Jamás, de nosotros, hubo una actitud o demostración de rechazo al Ejecutivo. En cambio allí si se quiso someter a la Corte.
¿Someterla a qué?
Ya mirando todo el contexto, el hecho de tratar a la Corte de esa manera lo originaron las decisiones de la Sala Penal. Afortunadamente, ese querer del Presidente Uribe encontró una institución lo suficientemente sólida que entendió cual era su papel en la democracia y la Corte jamás bajo la cabeza.
¿Hubo intentos de frenar decisiones?
Dígame que relación puede tener el montaje que se hizo con el magistrado Iván Velásquez, en el caso específico de Tasmania. Lo que se buscaba era desprestigiar a la Corte. Eso era indudable. O como pretendían obligar a la Corte que de sus sentencias retiraran partes que obedecían a la transcripción de testimonios, cuando se quiso amparar los derechos de un ex ministro. Eso fue absolutamente absurdo.
¿Incluye esa presión el caso de las chuzadas?
Eso lo esclarecerá la investigación. Pero es absolutamente grave en un estado de derecho que después de que me chuzan (para utilizar el término coloquial) a mi y a mis compañeros; y como está demostrado, se oye subrepticiamente discusiones de Sala Plena, eso provenga, como lo indica la investigación, del DAS, que está adscrito a la Presidencia.
¿De quién cree que vino la orden de vigilarlos?
No lo puedo decir porque no tengo elementos de juicio para aseverarlo. Si los tuviera lo diría porque soy de ese talante. Pero algo debe explicar porque querían conocer las discusiones de Sala, las determinaciones que se iban a adoptar.
¿A que grado llegó en su caso las escuchas ilegales?
Mis dos celulares, los de mi esposa, los de mis hijos; las líneas privadas de la Corte, las de mi apartamento; los teléfonos de mi jefe de mi esquema de seguridad. Y lo mismo sucedió con mis compañeros. Eso causó desazón pero jamás incidió en la toma de decisiones.
¿Tuvo que ver en algo las investigaciones por la parapolítica?
Este tipo de relaciones delictivas eran situaciones que se venían desarrollando de tiempo atrás. Que muy seguramente los comprometidos en ellas nunca creyeron que se iban a investigar. Cuando la Corte comenzó a ahondar en los casos, el país se dio cuenta que tenía unos jueces dispuestos a buscar la verdad y a impartir justicia.
¿Cómo se inician esos procesos?
La cantidad de personas de todo el país que por medio de anónimos pusieron al corriente a la Corte de todos estos hechos y que ameritaron investigaciones de oficio. Esas revelaciones, finalmente, pudieron comprobarse. Se creó una conciencia ciudadana alrededor de la Corte, lo que ayudó a que los procesos avanzaran.
¿A qué grado llegó esa infiltración?
Es que la parapolítica no ha terminado. La Corte ha avanzado en esos casos, y con las decisiones le hemos estado diciendo a los políticos que no es lícito buscar este tipo de apoyos pero pareciera, por lo que se ve ahora mismo en los medios de comunicación, que todavía no se ha aprendido la lección en algunas zonas del país.
¿Cómo afectó al país la parapolítica?
Cuando uno oía a los jefes de las autodefensas decir, nosotros éramos el Estado y a nosotros tenían que acudir los políticos para que los autorizáramos a hacer campañas, cuando no era a pedir apoyo para retribuirlo después en la entrega de la contratación, indudablemente esto generó un grado de corrupción terrible y preocupante.
¿En que va a terminar ese episodio?
Todo este trabajo de la Corte y de la Fiscalía debe dejarle una lección muy clara al país: que el delito no paga y que el conseguir elecciones, o acceder a cargos públicos por medio de esos oscuros mecanismos lo que produce es un degeneramiento de la democracia, que se refleja en las sentencias condenatorias.
¿Porque no ha avanzado al mismo ritmo la otra cara de esa infiltración que es la Farcpolítica?
Lo que pasa en el caso de las investigaciones por vínculos con las FARC, es que no hay punto de comparación en cuanto al número de políticos que se hayan aliado con los unos a los que se aliaron con los otros. Son más las personas investigadas por parapolítica y, con mayor frecuencia, privadas de la libertad.
¿Decisiones como la de invalidar las pruebas del PC de Raúl Reyes no estancan más esas investigaciones?
Esa fue una decisión que tuvo sesiones y sesiones de estudio y un análisis detallado de las normas no sólo de nivel doméstico sino internacionales. La Corte dejo muy claro su pensamiento y hasta este momento sigue en esa misma línea: que allí no se acataron disposiciones que señalan como pueden recogerse de manera válida una evidencia probatoria.
¿Midieron las implicaciones que tendría en lo jurídico y en lo político?
La Corte nunca fue ajena a considerar las implicaciones políticas de su decisión jurídica pero aún así estaba obligada a adoptarlas y lo hizo con conciencia.
¿Qué tanto afectó a la Corte la crisis que desató la elección del Fiscal General?
Ese fue un proceso que de alguna manera desgastó a la Corte. Hubo circunstancias que cada magistrado evaluó a la hora de dar su voto y se encontró que algunos de los nombres no reunían el perfil para ser elegidos Fiscal General.
¿En qué influyó el enfrentamiento con el presidente Uribe para objetar las ternas que él envió?
Básicamente fueron las condiciones personales de algunos de los integrantes. En su momento lo dije, y lo sigo pensando, el fiscal debe ser un penalista. Y mucho más con el nuevo sistema, en el que el Fiscal General no puede delegar sus funciones en las investigaciones de los aforados constitucionales. Se requiere 1conocimiento en derecho penal y destrezas en el procedimiento.
¿La interinidad del Fiscal General afectó la institución?
No entiendo como se pudo decir que porque había un fiscal en provisionalidad se pudo haber entorpecido la labor desde el punto de vista jurisdiccional. Tanta autoridad tuvo el fiscal encargado como la tiene quien está en propiedad. Nunca podrá decirse que un fiscal no pudo adoptar una decisión por el hecho de ser provisional, y el que sostenga eso está en un error o actúa de mala fe.
¿Fue ilegal la elección del Fiscal de una terna presentada por el sucesor de Uribe y sin contar con la mayoría exigida en el reglamento de la Corte?
Eso se lo dejamos a la autoridad judicial, que es el Consejo de Estado. En su momento fui claro en la Sala, y así consta en las actas, en que la forma como se interpretó el reglamento no fue la adecuada. Pero hoy no estoy para hacer críticas, esas fueron decisiones que se adoptaron en su momento por la mayoría de la Sala.
¿Se debe modificar la elección del Fiscal?
El Fiscal debe ser elegido por la Corte Suprema. Al fin y al cabo, la Fiscalía, según la Constitución, forma parte de la Rama Judicial y debe ser la misma Rama la que lo elija. Ahora, que la terna la siga presentando el Gobierno es una forma de darle cabida a otra rama en la elección de este funcionario. Eso sería viable pero imponiendo una serie de requisitos mayores. Uno es que sea penalista.
¿Cómo ve las propuestas de reforma a la justicia?
Hoy opino como ciudadano y veo que hay unas cosas que no deben reflejarse en una reforma a la Justicia. Por ejemplo, la idea que se tiene con la investigación y juzgamiento de los congresistas, lo que uno observa desprevenidamente, es que le quieren quitar a la Corte Suprema esa función. Es un poco más difícil que le supriman las de juzgamiento, aunque lo pueden hacer.
¿Cuál es la razón?
Los congresistas ya no se sienten cómodos con la Corte y esto ha ido creciendo. Las propuestas que han surgido dan a entender que no se está contento con lo que está haciendo la Corte. Yo no sé si es porque lo está haciendo mal, o porque lo está haciendo bien.
¿Tiene algo que ver con investigaciones como la parapolítica?
Venga le cuento. Cuando se discutía el sistema penal acusatorio, se creó una comisión constitucional integrada por congresistas y juristas. En esas sesiones, el presidente de la Corte en ese momento, Yesid Ramírez, propuso que los congresistas también quedaran cobijados por el nuevo modelo. Eso no ocurrió porque, consta en actas, que un senador sostuvo: "nosotros nos sentimos muy bien siendo investigados por la Corte Suprema". Cuando empezaron las decisiones de la parapolítica, ese pensamiento cambia.
¿Deben los congresistas tener la doble instancia en sus procesos, como lo reclaman?
La Corte no le teme a la doble instancia. Ella la ve con buenos ojos pero dentro del marco de lo que hay en la Constitución, que sea la misma Corte la que investigue y juzgue.
¿Qué opina de la propuesta de que sea la Fiscalía la que investigue y la Corte juzgue en los casos contra congresistas?
Hemos oído a la Fiscal General decir que no cuenta con la infraestructura para adoptar este tipo de investigaciones. La Corte la tiene. El anterior gobierno, hay que reconocerlo, dotó a la Corte de herramientas para la investigación, que es la famosa comisión que nos ayuda en parapolítica.
¿Y respecto a otras funciones como la de elegir Procurador y Contralor?
Esa son funciones que se le pueden quitar a la Corte. De alguna manera se pueden buscar otros mecanismos y no encuentro objeciones para que se supriman esas facultades.
EL NUEVO SIGLO
LO SOCIAL Y NEOLIBERALISMO
Por: Horacio Gómez Aristizabal
Teòricamente suena bien la doctrina del antiguo liberalismo: “Libertad, igualdad y fraternidad”. En la práctica sólo funciona la libertad del lobo para engullirse al cordero. ¿Es justo ubicar en pie de igualdad al terrateniente frente al labriego, el campesino al lado del capitalista, o el superdotado en relación con el pobre de espíritu?
La libertad incondicional ha servido para que el rico explote al pobre y abunden desamparados en campos y ciudades, a la buena de Dios.
Memorable el Foro sobre lo Social, realizado por el ideólogo Carlos Martínez; la Fundación Konrad Adenauer la dirige Stefan José y la Universidad Sergio Arboleda presidida por Rodrigo Noguera Calderón..
Hoy se reanuda con fuerza el neoliberalismo. Da tristeza leer el vigente artículo 669 del Código Civil al manifestar que “propiedad es el derecho arbitrario a disponer de lo que se tiene…”. Por fortuna la Constitución del 91 enfatiza que la “propiedad es una función social”. Ha debido redactarse diferente: la propiedad tiene que cumplir una función social. La “propiedad es un hecho”. “La función social es un fin”. Pero moral y socialmente el contenido -inspirado en la filosofía altruista de Diguit- es ejemplar. La norma civil debe erradicarse. Recuerda el feudalismo prepotente. Tan cierto es que la propiedad tiene que cumplir una función social que se castiga fiscalmente a terrenos ociosos e improductivos. También interviene el Estado contra dueños que destinen sus inmuebles a fines nocivos en el campo de la salud o del orden público. La filosofía del fin social hacer prevalecer la conveniencia pública sobre la privada. Gente respetable, economistas prestigiosos objetaron la Banca de las Oportunidades, revolucionaria propuesta del experimentado líder, Carlos Martínez Simahan, con el argumento de que prestarles dinero a los pobres y a los insolventes no era negocio y violaba la filosofía de la indispensable seguridad bancaria. Carlos Martínez Simahan triunfó con mil argumentos poderosos. El principal, el ideal del cristianismo de humanizar la riqueza. El segundo, la exigencia constitucional de darle sentido social al dinero. Demostró Carlos Martínez que el crédito supervigilado por el Estado y proporcionado a microempresarios bien escogidos y capacitados, orientados hacia la productividad logrará el milagro de la prosperidad humana y económica. Por eso la Banca de las Oportunidades ha triunfado. Tiene como lema darle plata a quien demuestre ser pobre. Varios países practican con éxito este innovador sistema.
Con estas ideas novedosas se ‘desacraliza la noción de la riqueza por la riqueza misma’. Todo sistema que sólo piense en privilegiar a los poderosos está llamado al fracaso. La economía tiene que ser como un bus en que haya puesto para todos.
A PROPÓSITO DE LA CARTA DEL 91 (XIII)
Por: Mons. Libardo Ramírez Gómez
Al lado de las disposiciones de orden constitucional fue tema de amplia discusión en el Congreso de Cúcuta lo relativo al cargo de dirección de la República, con reiterada insistencia a Bolívar para que aceptara ser Presidente, a lo cual él se negaba, pero, ante la voluntad del Congreso aceptó “por obediencia”, y prestó luego juramento ante él (03-10 de 1821). Se eligió como Vicepresidente de la República, por mayoría de un voto frente a Nariño, al general Francisco de Paula Santander, quien prestó juramento junto con Bolívar, y quien ejercería la parte administrativa del Gobierno mientras el Libertador seguía al frente de las estrategias militares en Venezuela, Nueva Granada y Ecuador, con prolongación al Virreinato de Perú y hasta la que sería nueva República de Bolivia.
Con miras a dar Ley Fundamental a la Gran Colombia, se trabaja en este Congreso de Villa de Cúcuta, realizado desde el 6 de mayo al 13 de octubre de 1821, al final del cual los congresistas y el Libertador firmaban la Constitución, y se clausuraba ese magno evento. A lo largo de la realización del Congreso se fueron dando “Actos Legislativos” de gran trascendencia como ratificar lo aprobado en Angostura, proclamar oficialmente la Constitución el 12 de julio (firmada el 06-10), y declarar la libertad de los esclavos, pedida por el Dr. Félix de Restrepo.
Del contenido de esta Constitución, que es amplio y refleja la madurez y visión de los constituyentes, son de destacar las siguientes determinaciones.
Art. 1. “La Nación Colombiana es para siempre, e irrevocablemente, libre e independiente de la Monarquía Española; y de cualquiera otra potencia o dominación extranjera; y no es, ni será nunca, el patrimonio de ninguna familia ni persona”.
Art.3. “Es deber de la Nación proteger, por leyes sabias y equitativas, la Libertad, la Seguridad, la Propiedad y la Igualdad de todos los Colombianos”.
Art. 9. “El Gobierno de Colombia es popular y representativo”.
Art. 10. Se acoge la división tripartita del poder en “Legislativo, Ejecutivo y Judicial”.
Arts. 12 a 21. Se da importancia a la territoriedad y su representación por “parroquias”, en pueblos que han crecido bajo la guía de la Iglesia Católica.
Arts. Para ser “ciudadano” electivo se requiere “ser sufragante parroquial no suspenso; saber leer y escribir; ser mayor de 21 años; ser dueño de una propiedad raíz que alcance el valor libre de quinientos pesos” o empleo o renta equivalente a esa cantidad.
Arts. 30 al 39. Se da gran poder a las Asambleas Electorales de Provincia las que tienen poder para participar en elección de Presidente y Vicepresidente de la República, senadores y representantes de su Provincia.
Arts. 40 al 104. Se establece el régimen bicameral en el Legislativo; se determinan las atribuciones del Congreso y demás detalles de funcionamiento.
Arts. 105 al 139. Sobre el Poder Ejecutivo. Se precisa sobre su naturaleza, sus funciones, los Secretarios (Ministros) que serian inicialmente sólo cinco (5).
Arts. 140 al 154. Sobre el Poder Judicial a escala nacional y provincial.
Hay 28 Artículos con Disposiciones Generales (156 al 184), con énfasis en las condiciones para encarcelamiento de alguien, con declaración de libertad para toda labor lícita, entre otras.
Arts. 188 al 190 declaran vigentes los ya estatuidos en el Congreso de Angostura que no se opongan a esta Constitución, y se dan pautas para posible reformas constitucionales.
Firmaron 62 Constituyentes, en el Palacio de Gobierno de Colombia del Rosario de Cúcuta, a 6 de octubre de 1821, con firma autógrafa también de Simón Bolívar, Presidente. (Continuará).
REVISTA SEMANA
ESTE LUNES RADICAN LA REFORMA A LA LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR
El pasado mes de marzo, el presidente Juan Manuel Santos lanzó la reforma a Ley de Educación Superior. Este lunes, siete meses después, y tras discusiones en la comunidad académica, se radicará el proyecto de reforma a la Ley 30 ante el Congreso de la República.
La presentación de la reforma a consideración del Legistativo se produce tras la realización de más de 28 foros regionales, en los cuales, según datos del Ministerio de Educación, participaron unas 4.500 personas del sector educativo.
''Después de un proceso de discusión democrático, presentaremos la reforma con los cambios que hemos venido incorporando'', señaló la ministra de Educación, María Fernanda Campo, en sus más recientes declaciones sobre la radicación de la reforma.
De acuerdo con Campo, el proyecto de reforma busca mejorar la calidad de la educación y aumentar la oferta. ''Tenemos un buen sistema de aseguramiento de calidad implementado hace unos díez años, pero hay que fortalecerlo''.
La titular de la cartera indicó que la reforma busca generar condiciones para que los jóvenes más pobres puedan acceder a una educación de calidad. Agregó en ese sentido que crear más cupos requiere más dinero: ''la reforma prevee más recursos de origen público, no vamos a privatizar ni a acabar con las universidades públicas ni con las instituciones técnicas y tecnológicas oficiales''.
En la presentación de la reforma ante el Legislativo se destacará que el Congreso aprobó que el 10 por ciento de las regalías será destinado al sector educativo, es decir que un billón de pesos anualmente se invertirá en ciencia, tecnología e innovación.
Campo afirmó que también se busca el beneficio de las regiones a través de proyectos impulsados por la academia. En este caso, subrayó el compromiso que deberán adquirir las universidades públicas en los departamentos. ''Tienen que tener el liderazgo, junto con su alcalde, gobernador y consejo gremial de competitivad, porque la plata es para quienes formulen los proyectos'', explicó.
La ministra aseguró además que el Presupuesto Nacional destinará a la educación 1,5 billones de pesos en los próximos tres años. Recordó que hoy en día se giran a las universidades 2,2 billones de pesos anualmente, y que con la reforma, se invertirán unos 600 mil millones de pesos en los próximos tres años.
Precisó también que se proyecta para 2022 una inversión en las instituciones estatales cercana a los 6 billones de pesos adicionales.
Con respecto a la demanda, la ministra reiteró que la reforma que se radicará prevee más recursos para el crédito educativo del ICETEX, en el cual la ''tasa de interés real para los jóvenes más pobres será igual a cero''.
En ese sentido, Campo sostuvo que si un estudiante logra concluir su carrera profesional, se le condonará el 25 por ciento del crédito, mientras que si tiene uno de los mejores puntajes en el examen ECAES podría condonársele el ciento por ciento.
Agregó que la reforma también ofrece un fondo de manutención, que le proporcionará al estudiante 630 mil pesos semestrales para pagar los gastos de su vivienda, estudio, alimentación y transporte.
Finalmente, Campo destacó que uno de los objetivos de la reforma será modernizar el sector educativo y exigir más transparencia y rendición de cuentas por parte de las instituciones de educación superior.
''La reforma a la Ley 30 ofrece más equidad y dinero para las instituciones públicas, que son recursos totalmente financiados para la manutención de los estudiantes y el subsidio de los créditos educativos. Será el Congreso en su sabiduría el que finalmente tome la decisión sobre la reforma'', dijo.
Campo concluyó las metas de la reforma al referirse a la cobertura educativa. Aseguró que sólo a través de las propuestas presentadas, podrá aumentarse la cobertura educativa, de un 37 por ciento actual a un 50 por ciento: ''la idea es que de aquí al año 2022 estemos en más de un 60 por ciento de cobertura educativa para los jóvenes más pobres''.
QUÉ ALCAHUETERÍA!
El presidente Santos le ha reclamado al Consejo de Estado porque con sus fallos en pensiones puede afectar las finanzas. El ministro Echeverry le pidió en julio a la Corte Constitucional (facsímil) que unifique la jurisprudencia y preguntó si el Consejo de Estado está usando vías de hecho.
A punta de polémicos fallos del Consejo de Estado se está cambiando el monto de la liquidación de las pensiones del país. Si siguen las cosas como van, las mesadas de los empleados públicos podrían costarle 57 billones de pesos más al erario.
Todo lo que se ha hablado hasta ahora de la bomba de las pensiones puede terminar siendo apenas el estallido de un tote comparado con la megaexplosión que se está gestando con un preocupante sigilo con las mesadas pensionales de los empleados públicos en el país.
El gobierno está alarmado. Lo que está ocurriendo, en términos simples, es que a punta de polémicos fallos del Consejo de Estado, miles de jubilados en todo el país están pidiendo que les vuelva a hacer el cálculo de sus pensiones para lograr mesadas más altas, que en algunos casos pueden llegar a ser hasta 300 veces más de lo que les habían calculado inicialmente.
Eso, traducido en plata, quiere decir que Colombia tendrá que sacar de su bolsillo entre 43 y 57,2 billones de pesos más –¡más!– a lo largo de los próximos 20 años. Es decir, es un gasto nuevo para el Estado, además de lo que ya tiene que invertir cada año en el pago de mesadas pensionales.
La alarma es tal que el presidente Juan Manuel Santos, que ha hecho gala de grandes dotes de diplomacia con las altas cortes, les dio un jalón de orejas en un foro sobre los 20 años de la Constitución y les hizo caer en cuenta de que sus fallos en materia pensional podrían acabar con la salud financiera del país.
Hace apenas dos semanas, el Ministerio de Hacienda presentó un alarmante panorama en el Congreso y anotó que si lo que está ocurriendo con las pensiones de los empleados públicos se extiende –por “derecho a la igualdad”—a los trabajadores del sector privado, “el impacto adicional estaría entre el 15 y el 20 por ciento del PIB”.
Un funcionario del gobierno, conocedor del problema, lo resume de la siguiente manera: “A punta de jurisprudencia nos están devolviendo al sistema de pensiones que teníamos hace 17 años. Antes de la Ley 100 de 1993”.
Consultado por SEMANA, el Consejo de Estado se defiende. El magistrado Víctor Hernando Alvarado, presidente de la Sala Laboral, dice que tal como le explicaron al propio presidente Santos, las pensiones no son una “dádiva” y el gobierno lo que no ve es que las grandes sumas que se pagan por pensiones en buena parte tienen que ver con que se están demorando “cinco y diez años” en reconocer las mesadas pensionales.
¿Qué está pasando?
La reforma más importante en materia pensional en Colombia fue la Ley 100, que trató de unificar todos los sistemas de pensiones en uno solo. Pero para poder hacerlo, el Congreso tuvo una consideración especial y decidió crear un régimen de transición para las personas que en ese entonces tenían cierta edad (35 años las mujeres y 40 los hombres) y tuvieran mínimo 15 años cotizados. Todavía hoy, y hasta 2014, se jubilan con dicho régimen.
A ellos se les respetaron tres de las reglas de juego que venían del régimen anterior y que los favorecían: la primera, la edad (que se podían jubilar a los 55 años las mujeres y a los 60 los hombres); la segunda, el número de semanas cotizadas, y la tercera, el monto de la pensión que se les venía aplicando (se les calcula sobre el 75 por ciento de su salario base, más factores como dominicales y extras).
Pero en todo lo demás se les aplica el nuevo sistema. Es decir, la mesada se calcula sobre el promedio de lo cotizado por cada persona en los diez últimos años y no sobre lo devengado en el último año, como ocurría en el régimen anterior, no se pueden incluir en el cálculo de la pensión otros factores devengados –como primas de Navidad o vacaciones– y se fija un tope de la pensión –que no puede ser más de 25 salarios mínimos.
¿Qué ha sucedido? Que durante los primeros años de vigencia de la Ley 100 y del régimen de transición, todos se portaron muy juiciosos y se jubilaron con las condiciones planteadas. Pero en los últimos años han comenzado a demandar la mesada que les fija el Seguro Social o Cajanal, y los fallos del Consejo de Estado tienen con los pelos de punta a los encargados en el gobierno de manejar el erario.
Lo que llama poderosamente la atención es cómo, a punta de fallos, la jurisprudencia va cambiando. Y no en un solo punto del régimen de pensiones, sino en todos.
Primero, el Consejo de Estado comenzó a dejar a un lado el promedio de diez años, y a todos los que están en transición les calcula la pensión con el salario del último año y, en algunos casos, con el del mes más alto. Precisamente, el carrusel de las pensiones del Consejo de la Judicatura, que SEMANA denunció en febrero, es apenas uno de los efectos de esto. Se trata de juristas a los que les dan palomitas de un mes como magistrados auxiliares para ganar una multimillonaria pensión para la cual nunca han cotizado.
Después vino otro giro de la jurisprudencia. El mismo Consejo de Estado también dio su propia interpretación sobre cuáles factores se incluyen para calcular la pensión. El solo hecho de incluir una prima que no estaba considerada puede llegar incluso a duplicar la mesada. Y se ha llegado a excesos como que si al empleado le daban una prima cada cinco años, esta se suma completa para el cálculo de la pensión. A manera de ilustración, el Seguro Social, por ejemplo, calculó una pensión de un funcionario de la Contraloría en 2,6 millones de pesos, y tras varias interpretaciones de la ley dadas por el Consejo de Estado, tuvo que hacerse de nuevo el cálculo de la mesada y esta terminó en 12,8 millones de pesos. Es decir, 384 por ciento más que el cálculo inicial.
Y en tercer lugar –por citar solo algunos de los cambios de jurisprudencia–, se han dado fallos que permiten mesadas pensionales por encima del tope máximo de 25 salarios mínimos. Hoy, al Seguro Social –a punta de tutelas que comenzaron en 2008– le está tocando pagar 78 pensiones que van desde 13,5 millones hasta 24,8 millones de pesos mensuales. Muchas de ellas a exmagistrados.
Sin embargo, el fallo que rebosó la copa es uno de octubre de 2010. Una magistrada auxiliar del Consejo de Estado interpuso una tutela para que le aumentaran el monto de su pensión. En primera instancia, el Tribunal Superior de Bogotá le había dado la razón a Cajanal y no a ella. Sin embargo, el Consejo de Estado no solo tumbó el fallo del tribunal, sino que creó una nueva jurisprudencia porque estableció que para el cálculo se tuvieran en cuenta todos los factores: salario básico, gastos de representación, prima técnica, dominicales y festivos, horas extras, auxilios de transporte y alimentación, bonificación por servicios prestados, prima de servicios, incrementos por antigüedad, quinquenios, entre otros.
El problema grave es que, en su fallo, Alvarado no se circunscribió a los regímenes de altos funcionarios de la rama judicial, sino que apeló a la Ley 33 de 1985, que es la que regía las pensiones de todos los empleados del Estado antes de la Ley 100. Y así abrió un boquete para que por allí decenas de miles pidan que les vuelvan a calcular sus pensiones. Entonces, por ejemplo, un funcionario público de menor rango, amparado en esa nueva jurisprudencia, puede pedir que le reliquiden su mesada para que aumente de 572.000 pesos mensuales a poco más de un millón de pesos.
Alvarado dijo a SEMANA que fue una decisión no suya, sino de toda la sala, y que se trata de “un estudio muy juicioso” del tema.
Si fuera un solo caso, sería una simple anécdota, pero, como ha dicho el Ministerio de Hacienda, por el “principio de igualdad” y el “principio de favorabilidad”, si se tienen en cuenta esos mismos privilegios para todos los que ya se han jubilado, el impacto sobre las finanzas públicas sería catastrófico. Y peor aún, cuando el juez ordena reliquidar una pensión ya reconocida, ordena pagar retroactivamente el mayor valor de los últimos tres años, por lo que el afecto sobre la caja de la Nación sería inmanejable.
“Estas decisiones han creado una situación altamente gravosa e inflexible para las finanzas públicas –ha dicho el Ministerio de Hacienda–, pues es bien sabido que las prestaciones judicialmente reconocidas se tornan en derechos adquiridos y, por tanto, inmodificables”. Y a renglón seguido, cuantifica que el costo estimado es de entre 11,7 y 20,1 billones de pesos para los casos de la rama judicial, la Procuraduría y la Contraloría. Y en caso de que lleguen a extenderse tales decisiones, como se teme con el fallo de octubre de 2010, al resto de los servidores públicos nacionales, el impacto adicional sería de entre 31,3 y 37,1 billones de pesos. Es decir, un total de entre 43 y 57,2 billones de pesos.
El verdadero choque de trenes
La situación no es nada fácil. No es extraño que las tutelas se hayan disparado en los últimos años. En el Seguro Social, por ejemplo, se triplicaron entre 2008 y 2010. Y a junio de este año ya iban 57.874. Eso quiere decir que se interponen 452 tutelas cada día hábil. Pero el dato más importante para este análisis es que el 12 por ciento de ellas piden reliquidación: es decir, este año, cada día se han interpuesto 54 tutelas que buscan un aumento en el monto de la pensión. ¿Acaso con todas se espera lograr los beneficios definidos por la jurisprudencia del Consejo de Estado?
El Seguro Social y Cajanal han tratado de hacerles el quite a las decisiones. Entre otras cosas, amparándose en jurisprudencia de otros altos tribunales como la Corte Suprema, que ha dicho que se calcula sobre el promedio devengado en los últimos diez años, y de la Corte Constitucional, que ha dicho que se calcula sobre lo que la persona cotice para pensión y no con todos los factores salariales.
Sin embargo, el procurador Alejandro Ordóñez les puso el tatequieto al Seguro y a Cajanal. Con una circular del 3 de noviembre de 2010, los “conminó” a que cumplieran la interpretación del Consejo de Estado. No sobra decir que el propio procurador fue consejero de Estado, de la Sala Laboral, y algunos de los fallos que se citan como jurisprudencia son suyos.
La pelea se pasó de castaño oscuro cuando el ISS le dijo al procurador que le indicara cómo podía cumplir la jurisprudencia del Consejo de Estado sin afectar terriblemente las finanzas públicas y además teniendo en cuenta que había otra de la Corte Suprema y de la Corte Constitucional en sentido contrario. La procuradora delegada para el tema, Diana Ojeda, respondió al ISS que esa no era la tarea de la Procuraduría y que consultara con los ministros. La Procuraduría, de paso, abrió investigación contra la presidenta del ISS, Silvia Helena Ramírez, en mayo pasado, por “no acatar” la circular del procurador y porque “hizo una serie de cuestionamientos que podrían comprometer su aplicación”.
El gobierno decidió recurrir entonces a un último salvavidas, y los ministros de Hacienda y de Protección Social le pidieron a la Corte Constitucional que seleccione una tutela promovida por Cajanal y que a partir de ella unifique la jurisprudencia. La carta, con “solicitud de insistencia”, es del pasado 6 de julio. La Procuraduría iba a acompañar este pedido, pero al fin no lo hizo. Y, ¡oh sorpresa!, la Corte Constitucional no seleccionó la tutela. Lo cual es inusual, teniendo en cuenta que mediaba una solicitud del gobierno.
La carta de los ministros utiliza preguntas de alto calibre: ¿el Consejo de Estado “incurre en una vía de hecho” al no tener en cuenta la Ley 100 y fallar de acuerdo con el régimen anterior?
Y es que hay quienes creen que el Consejo de Estado estaría litigando en causa propia, pues varios de los primeros casos de pensiones que se reliquidaron eran de exmagistrados de este alto tribunal. Por vía de contagio, esa jurisprudencia se va masificando.
No es fácil decir quién tiene la razón, pues una ley, se ha demostrado, puede tener muchas interpretaciones. Sin embargo, lo que llama la atención es que el mismo Consejo de Estado haya ido cambiando su jurisprudencia con el paso del tiempo. O que se dé una suerte de libre albedrío en el que cada juez va dando su veredicto y automáticamente ordena el giro de un abultado cheque del Estado. Lo más problemático es que en los tribunales, considera el gobierno, se está cambiando la legislación en materia de pensiones.
Más allá de la polémica jurídica, el pago de pensiones ha venido subiendo entre 2,4 y 3 billones de pesos en los dos últimos años. Para 2012, el presupuesto para pensiones será de 29,5 billones, mientras que el de educación será de 19 billones y el de salud, de 12,9 billones. Una cifra sin duda preocupante.
¿Quién podrá resolver el lío? La única salida que ve el gobierno es que la Corte Constitucional unifique jurisprudencia. ¿Por qué no lo ha hecho?
DISCRIMINANDO LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Por José Rafael Espinosa*
A pesar de sus buenos propósitos, la nueva ley que penaliza la discriminación por razones políticas o ideológicas viola la libertad de expresión.
La nueva ley antidiscriminación, tal como fue conciliada en el Congreso hace unas semanas, sanciona con cárcel y multa a las personas que “arbitrariamente impidan, obstruyan o restrinjan el pleno ejercicio de los derechos de las personas por razón de su raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual”. Creo que la ley tiene un buen propósito: eliminar discriminaciones históricas profundas y muy arraigadas, que inclusive muchos niegan que existen, y que el Estado debe entrar a corregir. Sin embargo, no creo que la norma sirva para lograr este propósito y en cambio sí puede afectar gravemente otros derechos. Específicamente, creo que al penalizar la discriminación por razones políticas o ideológicas la ley es una amenaza para la libertad de expresión. Aquí van dos razones.
En primer lugar, porque los términos que utiliza la ley para definir la discriminación (“restricción, obstrucción o impedimento arbitrario”) son lo suficientemente amplios como para que el nuevo delito sea utilizado como arma política. Un político que salga mal librado en alguna nota periodística, o en una columna, podría fácilmente sostener que lo están discriminando por razones ideológicas. Tal como está redactada, la norma haría que se multiplicaran historias como la de la pelea de Claudia López y Ernesto Samper o la de José Obdulio y el reguero de periodistas a los que demandó por injuria. Los “perseguidos políticos” no sólo podrán demandar por injuria y calumnia, pidiendo la protección de su derecho a la honra y al buen nombre, sino por ser discriminados por razones ideológicas, pidiendo la protección de su derecho a la igualdad.
Desafortunadamente, en este país en el que “una demanda no se le niega a nadie”, a veces sólo basta presentar una denuncia contra un periodista o un columnista para lograr que se sientan intimidados y se restrinja así la libertad de expresión. No faltaba más: qué susto cuando llega un papelito diciendo –en un lenguaje bastante solemne y oscuro- que me tengo que presentar ante un juzgado, algo bastante aterrador, para responder por lo que escribí como periodista. Además de alimentar esta demanditis, la ley que penaliza la discriminación por razones políticas, justamente por la amplitud de los términos en los que la define, llevaría a que el juez les dé la razón. Una mejor técnica legislativa podría evitarnos largas discusiones judiciales sobre qué es y qué no es una restricción arbitraria de derechos por razones ideológicas.
En segundo lugar, porque aún si asumimos que lo que se entiende por discriminación es claro, no se justifica restringir la libertad de expresión para lograr una mayor igualdad en el discurso político. Yo estaría de acuerdo en limitar la libertad de expresión en aquellas ocasiones en las que se promueva cualquier tipo de discurso de odio (incluyendo, naturalmente, odio “político”, tal como lo hace otra norma de la misma ley que castiga el “hostigamiento”). Sin embargo, aunque creo que la simple “discriminación política” -la que no alcanza a ser un discurso de odio- existe, creo también que se parece más al disenso y a la confrontación propios de un sistema democrático, y por eso la respuesta debe ser ampliar las libertades para refutar el discurso discriminatorio, no reducirlas para silenciarlo.
Es verdad que en Colombia algunos grupos políticos han sido sistemáticamente excluidos del juego político. Las minorías políticas tienen menos acceso a los medios de comunicación, a mesas directivas en corporaciones públicas, a menos financiación, etc. Pero esta marginación no se resuelve con la penalización de la discriminación -y la restricción de la libertad de expresión-, sino con herramientas adecuadas que les permitan participar en el juego democrático, como por ejemplo un buen estatuto de la oposición o una nueva ley de participación ciudadana. La solución no es, entonces, restringir las libertades de las mayorías sino darle a las minorías políticas las herramientas necesarias para que también ellas digan lo que quieran. Así todos ganamos.
La libertad de expresión es un medio y un fin en sí mismo. Es un medio porque a través de ella se abren espacios de participación democrática, se controlan abusos de poder (que en paz descanses revista Cambio) y se alcanza una cierta verdad colectiva. Pero además es un fin en sí mismo ya que la libertad de decir lo que se piensa es una de las más claras manifestaciones de la autonomía individual, del libre desarrollo de la personalidad. Por eso, a pesar de las buenas intenciones, cualquier intento de limitar esta libertad debe ser evaluado con detalle. No vaya a ser que por corregir la discriminación terminemos, sin lograr corregir nada, “discriminando” otros derechos.
DINERO.COM
REFORMA PENSIONAL EN LA PUERTA DEL HORNO
Las propuestas concretas sobre los aspectos que debe incluir una reforma al sistema de pensiones: aumentar la edad de jubilación, gradualidad de los Beneficios Económicos Periódicos (Beps), reducir porcentaje de cotización de los independientes y el fortalecimiento del sistema de aportes voluntarios.
Es un hecho que el sistema de pensiones será reformado en el 2012. Lo más seguro es que el Gobierno se la juegue toda por una reforma integral, una vez logre lo propio con su reforma tributaria estructural. Bajo ese escenario la discusión sobre un nuevo esquema pensional empezaría en el Congreso en julio del próximo año.
Desde ya el sector privado está planteando sus propuestas para el nuevo modelo. Las empresas aseguradoras consideran que el primer paso antes de iniciar una batalla en el Congreso es mejorar 100% la prestación de los servicios de salud, recuperar la credibilidad del sistema y demostrar que sí será posible alcanzar una mesada pensional.
Las cifras en Colombia son poco alentadoras: en la actualidad sólo 1 de cada 3 personas mayores de 65 años, recibe una pensión y muchos de ellos reciben pagos sobre el salario mínimo.
David Bojanini, presidente del Grupo Sura, plantea que en la discusión se debe analizar no sólo la edad de jubilación, sino las semanas cotizadas. “Porque una persona desempleada, o en el sector informal cumple años, pero cumple semanas de cotización, hay una diferencia muy grande y eso ha disminuido la cobertura”. El ministro de Protección Social, había dado las primeras luces al respecto al asegurar que sí se está analizando la opción de aumentar la edad.
Para el empresario el sistema debe tener objetivos específicos. El principio de todo es ofrecerle pensión al mayor número de personas y buscar una mayor equidad, para que las personas de altos ingresos no sean quienes reciban los subsidios del Estado.
Otro principio fundamental del sistema debe ser la autosuficiencia para que el sistema sea capaz de generar los recursos para pagar las pensiones. “Lo que está viviendo hoy Europa, tiene que ver con los sistemas pensionales, porque el presupuesto de esos países ya no es suficiente para cubrir los beneficios pensionales que tienen los trabajadores, y no queremos llegara a ese punto de tener que destinar un porcentaje mayor del presupuesto a pagar pensiones o se deben quitar recursos a otros proyectos para cubrir”, aseguró Bojanini.
Para el Presidente del Grupo Sura, la competencia que se creó a partir de la Ley 100 entre el régimen de prima media y el de ahorro individual, no ha generado ningún valor, cuando lo que se necesita es una colaboración entre los dos.
“Por que los usuarios cuando ya saben que no se van a pensionar miran cuál de los dos le va a dar mayor subsidio y allá se quedan y todo el mundo está mirando como le saca el mayor subsidio al Estado, y desde que nació la ley, cada quien ha tratado de argumentar que el otro no debe existir y eso destruye valor”, dijo Bojanini.
Alternativas a estudiar
Una de las alternativas que se plantea es la Gradualidad de los Beneficios Económicos Periódicos (Beps), porque habrá mucha gente que no va a llegar a la garantía de pensión mínima y al final del día recibirán es una devolución de sus aportes y en muchos casos se agota en un tiempo inferior.
Para Bojanini con este sistema lo que se puede hacer es si una persona ahorró, por ejemplo, 800 semanas, no va a tener el derecho a la pensión mínima, pero sí podría tener un Beps, (que no se puede llamar pensión), pero sería un pago mensual, que puede ser un porcentaje del salario mínimo, entre el 40% o 60%, eso será lo que tendrán que definir con los economistas.
“Si reglamentamos muy bien esos Beps podemos entregarle un beneficio a muchas personas que no van a llegar a las 1.300 semanas y yo creo que eso sí es aumentar la cobertura. Casi todas las reformas que hemos tenido se han enfocado a disminuir costos y beneficios para que el sistema no sea demasiado costoso para el Estado”, aclaró el directivo.
El otro grupo en una situación difícil son las personas que nunca aportaron al sistema. Para este grupo también es necesario implementar una serie de estímulos.
El primero de ellos, que aplica para trabajadores independientes o cuenta propia, es realizar los aportes a pensión únicamente del 4%, (que es lo que pagaría si estuviera formalmente vinculado a una empresa), para que puedan acceder a una mesada muy básica, esto es lo que Bojanini ha denominado como el “sisben de las pensiones”.
Com está hoy el sistema, un trabajador cuenta propia o independiente que gana el salario mínimo ($535.600), debe aportar el 16% a pensión, que corresponde a $85.696. Mientras que con la propuesta que ya está en manos del Gobierno, el aporte se reduciría a $21.424.
Lo que significa un ahorro de $64.212, casi el equivalente al 12,5% que debe aportar al sistema de salud.
“Esto aumentaría la credibilidad en el sistema, porque las personas vana ver lo beneficios reales. todo el mundo cotizaría a una cuenta individual, y el que no llegue a la semanas que requiere para la garantía de pensión mínima, esos aportes se trasladan al primer pilar que lo administraría el sistema de prima media, y el que exceda la pensión mínima, tendría su cuenta en el régimen de ahorro voluntario”, añadió el Presidente del Grupo Sura.
Finalmente no se debe descuidar y fortalecer el sistema de ahorro voluntario.
A corte de febrero de este año, los fondos privados de pensiones recibieron 85.849 solicitudes. Tienen aprobadas 43.247, objetadas o rechazadas 53.068 y en trámite 21.889. De acuerdo con la información más reciente, a corte del 31 de diciembre del 2010, cuentan con 9,2 millones de afiliados.
Este es un tema que se está trabajando con pinzas en el interior del gabinete, debido a que genera una sensibilidad tan grande, que ha sido la causa de grandes protestas en Francia y Chile. Históricamente estos temas que han definido que un Jefe de Estado sea el héroe o villano de su periodo de Gobierno.